
México ya tiene el dinero para financiar su infraestructura. Lo que falta son proyectos que un fondo de pensiones pueda comprar
Los fondos de pensiones pueden destinar hasta 30% de lo que administran a estos proyectos y destinan 9%. La razón no es regulatoria ni es falta de apetito, y ellas mismas la explicaron.
Fuentes: Consar, Panorama del SAR, febrero de 2026, vía Expansión y La Jornada; Diario Oficial de la Federación, modificaciones al régimen de inversión de las Siefores, 25 de octubre de 2024; Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, DOF, 9 de abril de 2026; Amafore y CIPPS, vía El Financiero; Mexico Business. Las cifras citadas son las más recientes disponibles al momento de escribir y se ofrecen como contexto, no como asesoría de inversión.
A México no le falta capital para infraestructura. Las Afores administran 8.67 billones de pesos del ahorro de los trabajadores y pueden destinar hasta 30% de ese monto a instrumentos estructurados, la categoría donde entran los proyectos de infraestructura. Destinan entre 8% y 9% a través de los dos vehículos creados para esos proyectos. Las explicaciones habituales de esa distancia son cautela regulatoria, mandato conservador o apetito insuficiente por la iliquidez. Hay dos fechas que les quitan el piso a las tres.
El techo subió de 20% a 30% en las disposiciones publicadas en octubre de 2024, y la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica se publicó en el Diario Oficial el 9 de abril de 2026, después de pasar por ambas cámaras. Es decir, un límite más alto que lleva dos años en pie y un marco legal nuevo que lleva siete meses, y en ese tiempo la asignación no se movió hacia ninguno de los dos. La nueva ley ni siquiera modificó el régimen de inversión, algo que la propia asociación de las Afores se apresuró a aclarar cuando la votación despertó críticas.
Conviene precisar qué mide cada cifra, porque se confunden con frecuencia, empezando por que el 8 a 9% se refiere a los dos vehículos bursátiles diseñados para proyectos privados. Los instrumentos estructurados en conjunto, que incluyen además fibras y vehículos inmobiliarios, promediaron 7.64% de la cartera en febrero. La exposición a infraestructura contada de forma más amplia, sumando deuda privada y fibras, llega a 1.03 billones de pesos, cerca del 12%. Se mida como se mida, todas quedan muy por debajo del techo, y ninguna se movió cuando el techo subió.
Las Afores ya dijeron por qué, y su respuesta es el dato más útil de toda esta discusión. Al defenderse de las versiones de que la nueva ley permitiría al gobierno dirigir el ahorro para el retiro, la asociación del sector señaló que no invierten más porque no siempre hay proyectos con la estructura legal y financiera idónea para garantizar que el dinero de los trabajadores esté seguro, y agregaron que invertirán solo donde los proyectos sean rentables. Eso no es una queja regulatoria ni una confesión de timidez, sino un problema de oferta descrito por el comprador.
Con eso sobre la mesa los números se vuelven concretos, porque lo que un fiduciario necesita ver es un contrato de ingresos definido, una contraparte pagadora identificada, el riesgo de construcción asignado y un promotor con historial de entregar activos en operación. Armar ese paquete es trabajo especializado, es lento, y no es lo que hace un fondo de pensiones. El diferencial entre lo que vale un proyecto sin estructurar y lo que vale una vez que pasa un comité institucional de inversión es el retorno disponible para quien haga ese trabajo. El apetito tampoco es la pieza faltante, y el bono de infraestructura que colocó la Fibra E de la CFE lo dejó claro al atraer demanda por cerca de diez veces lo ofrecido, de inversionistas en 32 países.
El riesgo se concentra donde suelen perderse los retornos de infraestructura, que es la etapa de desarrollo. El riesgo de construcción y permisos se ubica casi por completo antes de que el activo genere efectivo, de modo que la capacidad que importa es originar, financiar y estabilizar un proyecto, no sostener uno terminado. La calidad de la contraparte es la segunda variable, porque un flujo contratado vale lo que valga la entidad obligada a pagarlo, y los términos de las concesiones mexicanas ya han cambiado con los ciclos políticos. Quien lea una ley publicada como demanda y no como permiso va a construir una cartera que nadie compra.